Las acciones de clase, que permiten aplicar los alcances de un fallo a todas las personas que estén en la misma situación de quien inició la demanda, enturbian el horizonte económico de las firmas. La falta de regulación genera "un escenario de conflictividad expansivo", advierte Ricardo Lorenzetti.
Las empresas enfrentan un nuevo foco de conflicto latente que podría seriamente amenazar su solvencia patrimonial.
Sucede que tras el fallo Halabi de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que reconoce a las acciones de clase, y la modificación al régimen de Defensa del Consumidor, que concede el beneficio de justicia gratuita, se plantea un incierto horizonte donde podrían prosperar eventuales reclamos por daños, varias veces millonarios.
El mismo titular de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, advirtió: “Tenemos un escenario de conflictividad nueva y expansiva”.
Las “class action” abren el juego para que los particulares que han experimentado pequeños daños económicos puedan plantear un reclamo a las empresas, que de otra forma les resultaría antieconómico, entre otras cosas.
Esto es así dado que permiten aplicar los alcances de un fallo a todas las personas que estén en la misma situación de quien inició la demanda, sin que ellas deban formular el mismo reclamo ante la Justicia, según enseñó el caso Halabi.
El escenario se torna complejo no sólo por la potencialidad de estas demandas sino también por la incertidumbre que para las compañías genera la falta de una normativa específica que regule la procedencia de dichas acciones. Ya que recién con el fallo Halabi la Argentina cuenta con los primeros lineamientos sobre este tema.
Vale recordar que en la mencionada causa, la Corte declaró inconstitucional la ley que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a guardar por diez años el contenido de las llamadas telefónicas, mails, chats y registros de accesos a páginas de Internet efectuados por los ciudadanos.
La trascendencia de esta decisión del Tribunal Supremo radica en que el fallo otorgó efectos para todas las personas alcanzadas por dicha ley, sin que, como el abogado Ernesto Halabi, debieran presentar una demanda.
En este escenario, los expertos que participaron del Ciclo de Management, organizado por el CEDEF, sobre Relaciones de Consumo & Acciones de clase alertaron que los reclamos comenzarán a brotar cada vez con más naturalidad. “Halabi es sólo el primer paso hacia la proliferación de este tipo de acciones”, apuntó Bernardo Cassagne, socio del Estudio Beccar Varela.
En esta línea, advirtió Pablo Van Thienen, director académico del CEDEF: “Debemos evitar aquellas conductas oportunistas que surgen, necesariamente, de los bajos y casi nulos costos de entrada que hoy tienen las asociaciones de defensa de consumidores para iniciar reclamos multimillonarios judicializando la economía”.
En la actualidad no hay barreras de entrada para las class action, que pueden abalanzarse y ensombrecer el futuro de tantas empresas. Los reclamos iniciados por usuarios, frente a cobros indebidos o no informados, en el pago de servicios, daños ambientales, y por la defensa de derechos sociales -que antes ni se intentaban- son algunos ejemplos del alcance que pueden dar cuenta de la magnitud de la situación.(....)
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