Operación en la Cámara de Senadores

Mientras las empresas de medicina prepaga preparan un nuevo aumento para julio, para llegar a un 30 por ciento en el año, en el Congreso espera tratamiento del proyecto que regula la actividad. Qué rol juega el dinero de las obras sociales.

Las empresas de medicina prepaga ya anunciaron que aplicarán un aumento del 12 por ciento a partir de julio, no bien pasen las elecciones legislativas. Será el tercer ajuste del año y, según las empresas, se destinará al pago de salarios. En la Cámara de Senadores espera el proyecto de ley –con media sanción de Diputados– para regular a las Entidades de Medicina Prepaga (EMP), donde se fijan las obligaciones que deben cumplir las compañías del sector por los servicios que prestan. Según el texto de la ley, tendrán que pedir autorización para aplicar cualquier tipo de aumento y deberán cumplir con atención irrestricta sin exclusiones, contratos transparentes y no abusivos. Pero lo que más les preocupa a las prepagas es el punto que les prohíbe financiarse con los aportes de la Administración de Programas Especiales (APE), un fondo que se conforma con dinero derivado de las obras sociales de los trabajadores. En el país hay más de 3,5 millones de usuarios que carecen hasta el momento de un marco legal que proteja sus derechos, justo en un momento donde las crisis sanitarias están en el centro de la escena producto de la influenza A.

Los asesores de la senadora Haide Delia Giri, titular de la comisión de Salud, estuvieron reunidos el pasado 5 de mayo con los representantes de las cámaras empresarias de medicina prepaga, cooperativas y mutuales. Según indicaron a Página/12 desde el despacho de Giri, el objetivo del encuentro fue escuchar las objeciones de las cámaras involucradas. “El proyecto se está tratando desde hace algunas semanas, para nada está cajoneado”, respondieron a este diario colaboradores de la senadora del FpV.

“El actual sistema de prepagas es sustentable sólo a base de la expulsión. Los contratos presentan condiciones abusivas. Este proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad en Diputados, no hace más que dejar por escrito las obligaciones actuales de las empresas. No sé por qué todavía no se trató en Senadores”, señaló a Página/12 Roberto Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor y asesor en la redacción del proyecto.

La reunión con los asesores de Giri les sirvió a las prepagas para continuar con su lobby. “De sancionarse este proyecto, las empresas van a desaparecer. Los senadores lo vieron y por eso frenaron la ley”, dramatizó a este diario un dirigente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara), a la que están asociadas Medicus, Galeno, Mapfre y Swiss Medical, entre otras. Desde el sector empresario dejan traslucir cierta tranquilidad por la impasse en que cayó el proyecto de ley. Por eso están evitando realizar cualquier manifestación pública sobre el proyecto. (....) Ver nota completa;Fuente:www.pagina12.com.ar, pub.16-06-2009.