Proponen tribunales para mediar entre consumidores y empresas
La iniciativa surgió de una investigación realizada en la Facultad de Derecho respecto de la protección de los consumidores. Advirtieron carencias en el sistema de defensa actual. Elaboran proyecto de ley para la creación de estos juzgados.
Estos tribunales arbitrales contemplarían un procedimiento extrajudicial para resolver las controversias que derivan de una relación de consumo con dictámenes con fuerza equivalente a un fallo judicial. La propuesta derivó de una investigación realizada desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Elaborarán un anteproyecto de ley para su puesta en funcionamiento.
Un estudio investigativo encarado por profesiones de Derecho de la Unne, determinó que además de necesario será “viable y ventajoso en tiempo y recursos financieros instrumentar en Corrientes Tribunales Arbitrales de Consumo como medio idóneo para la solución de controversias entre consumidores y empresas”.
La propuesta fue impulsada tras un pormenorizado análisis de leyes y normativas sobre tribunales de consumo, así como casos de lugares en los que se aplicó este sistema de resolución de conflictos, a fin de analizar por un lado la viabilidad de instrumentarlo en Corrientes, y por otro sus conveniencias desde el punto de vista económico y de accesibilidad a los usuarios.
La carencia de medios idóneos que aseguren celeridad y gratuidad en la gestión de los reclamos por parte de los consumidores, es el fundamento de la novedosa iniciativa. “Existe una situación fáctica de desprotección de los consumidores debido a que, a pesar de contar con derechos frente a los empresarios, no poseen medios aptos para reclamar”, aseguran los impulsores del trabajo, el doctor Sergio Juniors Shwoihort, de la Facultad de Derecho, y la doctora María Laura Estigarribia Bieber, del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas.
Detallaron, en este sentido, que la legislación argentina provee herramientas necesarias para paliar esta situación ya que la Constitución Nacional establece el artículo 42 y la Ley 24.240, recientemente reformada por Ley 26.361, propicia la organización de tribunales arbitrales para resolver las controversias que se susciten con motivo del consumo.
“En el estudio hemos detectado una precaria estructura de los sectores que deben intervenir en el funcionamiento del sistema, excepto el sector empresario, aunque no sería compleja la instrumentación de los tribunales, más aún teniendo en cuenta que los Tribunales Arbitrales de Consumo constituyen una herramienta eficiente y económica, y el espacio idóneo para que los consumidores manifiesten y busquen la solución a los conflictos que nacen de las relaciones de consumo”, resumieron los profesionales.
Tras ello, indicaron que la investigación que encaran busca además sistematizar la información existente sobre el tema y delinear los aspectos generales que establecen tanto la ley nacional como las provinciales e internacionales dictadas al respecto.
Agregaron que es difícil de estimar la cifra que deberá erogar el Estado para implementar el sistema, pero más difícil de calcular es lo que por tal inversión se obtendrá. “Si hay algo que no tiene precio, es la justicia, y que esta se preste en forma eficiente y oportuna”. Es por esto, que en esta instancia del trabajo se están realizando un análisis de costos de lo que costaría implementar los tribunales, así como una estimación de lo que en tiempo y recursos se ahorrarían el Estado, los consumidores y los usuarios con este sistema de resolución.
Al mismo tiempo, comentaron, se está diseñando un anteproyecto de ley de Tribunales Arbitrales de Consumo en el que se establezcan las bases para instrumentar los tribunales, en adecuación a las normativas provinciales actuales. Fuente:diariorepublica.com.ar
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